La evaluación de impacto ambiental es el principal instrumento que tienen el Estado costarricense y la sociedad para tutelar el mandato constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pese a ello, para algunos, ambiente y desarrollo no riman y malinterpretan el concepto competitividad, considerando que el tema ambiental representa un obstáculo al desarrollo económico, por lo que, según ellos, debería eliminarse como parte de los trámites a cumplir.